Alejandro Gaviria propone medidas para salvar la salud

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¿Cuál es la magnitud de la crisis actual?

El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, advirtió que el sistema sanitario colombiano afronta la peor inestabilidad de las últimas tres décadas. Ante la inminente posesión presidencial de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto, el experto señaló que el sector se encuentra al borde del colapso debido a una deuda acumulada de 32,9 billones de pesos, un incremento desmedido de tutelas y fallidas intervenciones estatales.

En primer lugar, Gaviria instó al mandatario electo a emitir señales contundentes de confianza que ratifiquen la continuidad del modelo de aseguramiento mixto e individual. Por consiguiente, el especialista sugiere la creación de una comisión técnica independiente encargada de recalcular con urgencia la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor anual que el Estado reconoce por cada afiliado.

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Las EPS requieren una reestructuración administrativa inmediata

Por su parte, el exfuncionario planteó una reorganización profunda de las entidades promotoras de salud que permanecen bajo control del Gobierno. Su propuesta más radical contempla la liquidación definitiva de Nueva EPS, institución que arrastra un desorden financiero incalculable y carece de balances contables claros. Para solucionar este foco de inestabilidad, el exministro aconseja fundar una nueva corporación con enfoque netamente regional.

Además, el plan de salvamento exige un aumento progresivo del presupuesto público, equivalente a un punto adicional del Producto Interno Bruto (PIB) de cara a las próximas dos décadas. Por lo tanto, el uso intensivo de inteligencia artificial y la transformación digital de los historiales clínicos resultarán vitales para optimizar la eficiencia de cada recurso disponible.

El impacto social de la reforma sanitaria

De cara al futuro, la nueva estrategia gubernamental debe priorizar la implementación de modelos de atención diferenciados según las condiciones geográficas del país. Las zonas rurales dispersas necesitan esquemas médicos distintos a los aplicados en las grandes metrópolis para garantizar la equidad.

En conclusión, la omisión de estas reformas técnicas durante los próximos dos años desencadenará un escenario de severo sufrimiento humano y muertes evitables. Los actores públicos y privados tienen la obligación constitucional de proteger este derecho fundamental por encima de las disputas políticas.

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