Sandra Osorio
Meta descripción: La ONU alertó que Colombia registra entre 280 y 300 casos de lepra al año. La enfermedad sigue vigente y afecta principalmente a comunidades vulnerables.
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó una alerta sobre la situación de la lepra en Colombia, una enfermedad que sigue registrando entre 280 y 300 nuevos casos anuales y que continúa afectando a comunidades vulnerables del país.
La advertencia fue realizada por Beatriz Miranda-Galarza, relatora especial de la ONU sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra y sus familiares, quien aseguró que esta enfermedad «no es cosa del pasado» y sigue representando un desafío de salud pública y derechos humanos.
La lepra en Colombia sigue siendo una realidad
Durante una visita oficial a Bogotá, Sincelejo y varias zonas de Cundinamarca, la experta de Naciones Unidas constató que la transmisión de la enfermedad continúa activa en diferentes regiones del país.
Según explicó, la lepra afecta tanto a adultos como a niños, especialmente en comunidades rurales, poblaciones históricamente marginadas y sectores con dificultades para acceder a servicios médicos oportunos.
La relatora destacó que el problema no solo radica en la enfermedad, sino también en la discriminación y exclusión que enfrentan quienes reciben el diagnóstico.
ONU alerta por diagnósticos tardíos y estigma social
Uno de los principales problemas identificados por la ONU es el diagnóstico tardío de los pacientes.
Miranda-Galarza señaló que muchos profesionales de la salud ya no reciben formación suficiente sobre la lepra durante sus estudios, lo que dificulta su detección temprana y provoca retrasos en el tratamiento.
Además, el desconocimiento general sobre la enfermedad continúa alimentando estigmas y prejuicios que afectan la calidad de vida de las personas diagnosticadas.
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Tratamiento gratuito existe, pero no siempre llega a tiempo
La ONU recordó que la lepra cuenta con tratamiento gratuito suministrado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero advirtió que en Colombia persisten dificultades para garantizar que los medicamentos lleguen oportunamente a quienes los necesitan.
La falta de diagnósticos tempranos, el seguimiento insuficiente y las barreras de acceso a los servicios de salud siguen siendo factores que complican la atención de los pacientes.
De acuerdo con la relatora, estos problemas aumentan el riesgo de discapacidad permanente en las personas afectadas.
La lepra también es un problema de derechos humanos
La experta explicó que la lepra debe abordarse desde una perspectiva más amplia que incluya factores sociales y económicos.
Según su análisis, la enfermedad está relacionada con la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, la discapacidad, la migración y las limitaciones de acceso a servicios básicos.
Por ello, insistió en que las políticas públicas deben contemplar no solo el tratamiento médico, sino también estrategias de inclusión social y protección de derechos.
ONU recuerda la deuda histórica con las personas afectadas por lepra
El informe también hizo referencia a los antiguos leprosarios de Agua de Dios y Contratación, donde durante décadas se aplicaron medidas que restringieron libertades y provocaron la separación de familias.
La relatora consideró fundamental reconocer estas violaciones históricas y avanzar en procesos de reparación para las personas afectadas y sus familias.
Asimismo, destacó la importancia de preservar la memoria histórica para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
Recomendaciones para combatir la lepra en Colombia
Entre las principales recomendaciones emitidas por Naciones Unidas se encuentran:
- Fortalecer el diagnóstico temprano.
- Combatir la discriminación y el estigma.
- Garantizar acceso oportuno al tratamiento.
- Mejorar la capacitación del personal médico.
- Impulsar programas de inclusión social.
- Involucrar a las comunidades afectadas en las políticas públicas.
- Promover campañas de información y educación.
La ONU concluyó que la lepra sigue siendo un desafío vigente en Colombia y que solo mediante un enfoque integral basado en derechos humanos será posible reducir los casos y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.
