Adiós a la huella obligatoria: la SIC prohíbe exigir datos biométricos en conjuntos residenciales

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una resolución histórica sobre la privacidad en Colombia. La entidad determinó que las administraciones no pueden exigir datos biométricos a los residentes para permitir su ingreso a sus viviendas. Esta decisión responde a múltiples quejas ciudadanas sobre la recolección excesiva de información personal sensible. El fallo busca proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los sistemas de seguridad privados.

El caso en Bogotá que prohibió exigir datos biométricos

La investigación de la SIC inició tras las denuncias de un residente en un complejo habitacional de Bogotá. La administración del edificio le bloqueó el acceso peatonal y vehicular por negarse a registrar su huella dactilar y reconocimiento facial. Las autoridades determinaron que condicionar el ingreso a la vivienda vulnera el derecho al libre tránsito y la propiedad privada. Por ello, establecieron que los sistemas de seguridad no deben exigir datos biométricos de manera obligatoria ni exclusiva.

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Alternativas legales sin exigir datos biométricos

El fallo establece directrices claras para todas las copropiedades y conjuntos residenciales en el territorio nacional. Los administradores deben implementar métodos alternativos de control de acceso que no dependan de la recolección de información sensible. Entre las opciones permitidas destacan las tarjetas de proximidad, los controles remotos tradicionales y la identificación mediante documentos de identidad. Los residentes conservan su derecho a elegir el mecanismo de ingreso que consideren menos invasivo para su privacidad.

Multas por vulnerar la protección de información personal

La Superintendencia advirtió sobre severas sanciones económicas para las administraciones que ignoren estas nuevas disposiciones normativas de privacidad. Aquellos conjuntos que insistan en exigir datos biométricos sin ofrecer alternativas viables enfrentarán multas que superan los cientos de salarios mínimos. Los expertos en derecho informático celebraron esta medida como un avance significativo en la protección de la información ciudadana. Se espera que los manuales de convivencia sean modificados inmediatamente para acatar esta importante directriz gubernamental.

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