Jessica Castillo
Colombia anuncia decreto sobre San Andrés y reabre debate jurídico con Nicaragua.
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¿Por qué Colombia tardó décadas en delimitar el archipiélago?
El Gobierno colombiano anunció que expedirá un decreto para definir las líneas de base marítimas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, una medida que reabre el debate sobre la delimitación marítima con Nicaragua y el alcance del fallo de 2012 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El presidente Abelardo De La Espriella anunció que publicará el decreto el próximo 30 de noviembre, coincidiendo con el aniversario de San Andrés. Según explicó, la medida permitirá cartografiar oficialmente el archipiélago y fortalecer la posición jurídica de Colombia.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó que el decreto busca reforzar la defensa de la soberanía nacional. También sostuvo que el fallo de 2012 resulta inaplicable en su literalidad, una declaración que generó cuestionamientos sobre sus posibles consecuencias internacionales.
La Ley 10 de 1978 estableció el marco para delimitar espacios marítimos colombianos. Sin embargo, las líneas de base del archipiélago quedaron pendientes, mientras Colombia trazó las continentales en 1984.
El excanciller Julio Londoño Paredes explicó a EL TIEMPO que las reglas internacionales sobre líneas de base para archipiélagos se desarrollaron posteriormente. Colombia tampoco es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El profesor de Derecho Internacional Fabián Cárdenas atribuyó el retraso a factores institucionales, técnicos y de planificación. A su juicio, los litigios internacionales hicieron más evidente la necesidad de contar con información cartográfica propia y una estrategia jurídica sostenida.
El fallo de 2012 y sus posibles repercusiones
La decisión de 2012 de la CIJ modificó la delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua. Reconoció derechos nicaragüenses sobre una extensa zona del Caribe, aunque mantuvo la soberanía colombiana sobre las islas principales del archipiélago.
En 2022, la Corte concluyó que ciertos aspectos del régimen de zona contigua establecido por Colombia eran incompatibles con el derecho internacional. En julio de 2023, rechazó la pretensión nicaragüense de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas bajo las condiciones planteadas.
La politóloga Sandra Borda advirtió que cuestionar el cumplimiento de una sentencia internacional podría afectar la confianza diplomática y elevar los costos jurídicos y estratégicos. Considera que Nicaragua tendría pocos incentivos para renegociar asuntos ya resueltos por la Corte. Cárdenas, por su parte, señaló que Colombia necesita sustentar sus posiciones con información técnica suficiente. El decreto anunciado podría fortalecer esa documentación, aunque su expedición no modifica automáticamente una frontera marítima establecida judicialmente.
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Líneas de base de San Andrés: el desafío jurídico y diplomático
El alcance del decreto dependerá de su contenido y de su compatibilidad con el derecho internacional. También será relevante conocer cómo lo recibe Nicaragua y qué medidas adopta Colombia para respaldar su interpretación jurídica. ¿Cómo debería Colombia fortalecer la defensa de su soberanía marítima sin aumentar las tensiones diplomáticas con Nicaragua?
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Nelly Velazquez
