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Solicitan investigar contratos y negocios de empresario en San Andrés.

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Empresas y contratos bajo revisión

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de Colombia solicitó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría conformar un grupo especial para investigar posibles irregularidades en San Andrés. Entre los asuntos señalados figuran negocios del empresario Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz.

La solicitud incluye la revisión de empresas vinculadas al empresario y contratos celebrados con la Gobernación del archipiélago. La información fue publicada por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO.

Uno de los principales asuntos corresponde a la venta de un lote en San Andrés por 1.700 millones de pesos a la Gobernación, concretada en diciembre de 2024. Según los documentos citados por el medio, la empresa Efficient Buildings S.A.S. había adquirido el terreno en diciembre de 2017 por 25 millones de pesos. El predio tiene una superficie de 4.129 metros cuadrados y fue declarado de utilidad pública por la administración departamental. El certificado de recibo a satisfacción fue firmado por Cristian Cañón Bernal, entonces secretario de Infraestructura.

La investigación periodística identifica tres compañías relacionadas con Vonblon: Josef Concretes Ltda., Agregados NVP S.A.S. y Efficient Building S.A.S. Sus actividades incluyen la comercialización de materiales de construcción, obras civiles, demolición y operaciones inmobiliarias. Según los últimos activos reportados citados por EL TIEMPO, Josef Concretes registró 8.972 millones de pesos; Agregados NVP, 7.171 millones; y Efficient Building, 4.000 millones.

Tribunal rechazó conciliación por contrato ambiental

Jay-Pang figura como representante legal suplente de Josef Concretes y declaró ese vínculo en su documentación de conflicto de intereses. Otro antecedente corresponde a un contrato de 2016 por 1.100 millones de pesos para trabajos en el relleno sanitario Magic Green. Posteriormente, las partes propusieron una conciliación que contemplaba un pago adicional de 950 millones por actividades realizadas entre enero y octubre de 2017.

En la audiencia correspondiente, la Procuraduría advirtió que el acuerdo no contaba con suficiente sustento probatorio y podía perjudicar el patrimonio público. En 2019, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina rechazó su aprobación.

La decisión señaló que no existían soportes suficientes para atribuir al departamento la responsabilidad patrimonial por actividades ejecutadas sin respaldo contractual. Este antecedente forma parte de los documentos citados en el informe periodístico.

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Contratos públicos en San Andrés y financiación política

De acuerdo con los registros consultados por EL TIEMPO, Vonblon aportó 280 millones de pesos a la campaña legislativa de su esposa, que recibió 366 millones en total. Jay-Pang afirmó a Blu Radio que su esposo no tiene contratos con la Gobernación y explicó que su negocio comercializa productos para clientes de la isla. EL TIEMPO indicó que intentó contactar al empresario para obtener su versión sobre la compraventa del terreno, sin conseguir respuesta antes del cierre de su publicación.

La revisión solicitada busca esclarecer los hechos relacionados con las empresas y los contratos señalados. La existencia de investigaciones o cuestionamientos no implica por sí misma que se haya acreditado una conducta ilegal. ¿Qué mecanismos de transparencia deberían fortalecerse para garantizar que los contratos públicos protejan los recursos de los ciudadanos?

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