Petro cuestiona a auditor de gobierno electo tras denuncias

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¿Qué revelaron los primeros informes de la transición?

El equipo de empalme del presidente electo, Abelardo de la Espriella, presentó los primeros resultados de una exhaustiva auditoría forense realizada a la gestión saliente de Gustavo Petro. El abogado Germán Calderón España lideró el anuncio y confirmó la radicación de denuncias penales por presuntas irregularidades en dos entidades estatales clave. Específicamente, los señalamientos apuntan a supuestas anomalías en la adjudicación de terrenos por parte de la Agencia Nacional de Tierras y a sobrecostos en contratos de asesoría jurídica dentro de Cenit, filial de Ecopetrol.

Ante los cuestionamientos, el mandatario Gustavo Petro reaccionó de forma tajante a través de sus canales digitales oficiales y atacó la legitimidad del denunciante. El jefe de Estado publicó un mensaje directo donde acusó de corrupción al jurista basándose en reportes de prensa sobre antiguos antecedentes penitenciarios del litigante en el municipio de Soacha. Con este contraataque, el Ejecutivo saliente buscó desacreditar el origen de las acciones judiciales que salpican a exmiembros de su gabinete ministerial.

¿Cómo avanza la disputa legal entre ambas administraciones?

Defensas y pruebas en el empalme

Frente a la recriminación presidencial, Calderón España contestó de inmediato publicando sus certificados judiciales oficiales actualizados para demostrar la vigencia de sus derechos civiles. El abogado de la administración entrante aseveró que las investigaciones anticorrupción revelan desfalcos financieros de grandes magnitudes que contradicen las banderas de bienestar social de la gestión actual. Asimismo, el jurista enfatizó que cada querella cuenta con un soporte documental riguroso que incluye dictámenes periciales y advertencias previas de los órganos de control fiscal.

El litigio penal compromete recursos superiores a los 21 mil millones de pesos en el sector de hidrocarburos y desembolsos billonarios mediante convenios interadministrativos. La fiscalía general deberá determinar la responsabilidad penal de altos funcionarios, incluyendo al exdirector de la entidad agraria Juan Felipe Harman. De esta manera, el proceso de transición entre el gobierno saliente y el entrante se fractura definitivamente en medio de duros reproches éticos e investigaciones de la justicia ordinaria.

 

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