Caso Deicy Jiménez analizan posible juicio político contra el expresidente Petro

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Qué establece la Constitución colombiana

El Congreso de Colombia podría adelantar un juicio por indignidad contra Petro, independiente de las investigaciones penales relacionadas con las denuncias de Deicy Jiménez. Especialistas en derecho consideran que la Constitución contempla esa posibilidad, incluso después de terminado el mandato presidencial.

Jiménez, exfuncionaria y contratista estatal, afirmó que Gustavo Petro habría favorecido su vinculación mediante contratos públicos relacionados con una relación personal. El expresidente ha rechazado haber condicionado o entregado contratos a cambio de favores sexuales. Las autoridades todavía deben esclarecer los hechos y determinar si existieron irregularidades.

El caso tiene distintos frentes judiciales. La Corte Suprema examina los hechos que corresponderían al periodo en que Petro fue congresista. Por otra parte, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara recibió denuncias relacionadas con actuaciones atribuidas a su etapa presidencial.

Los artículos 174 y 175 de la Constitución establecen competencias del Congreso para investigar y juzgar a determinados altos funcionarios. El procedimiento comienza en la Cámara de Representantes, mediante su Comisión de Investigación y Acusación. Después, la plenaria decide si presenta una acusación ante el Senado.

El juicio por indignidad contra Petro enfrenta un desafío político

El abogado Saúl León explicó que el numeral segundo del artículo 175 contempla la posibilidad de declarar la indignidad por mala conducta. Francisco Bernate también considera jurídicamente viable el procedimiento cuando los hechos corresponden al ejercicio del cargo.

Este mecanismo no equivale a un proceso penal. Por ello, ambos procedimientos podrían avanzar paralelamente, siempre dentro de sus respectivas competencias y garantías.

Los especialistas señalan que una eventual sanción requeriría cumplir las etapas constitucionales y reunir las mayorías correspondientes en el Senado. Bernate destacó que la decisión exige dos terceras partes de los senadores presentes. El antecedente histórico citado es el juicio por indignidad contra Gustavo Rojas Pinilla. Sin embargo, los expertos advierten que ese caso no anticipa el resultado de un procedimiento actual.

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¿Puede el Congreso procesar a Petro por indignidad después de su mandato?

La posibilidad jurídica no significa que exista una acusación formal aprobada ni una responsabilidad demostrada. La Comisión deberá valorar los elementos disponibles y determinar si procede avanzar. El Senado tendría la última palabra en la etapa de juzgamiento. El caso plantea una cuestión institucional: ¿cómo puede el Congreso garantizar que un eventual juicio político respete el debido proceso y la separación de poderes?

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