Mujeres del Pacto Histórico fijan postura ante denuncias contra Gustavo Petro y exigen investigaciones sin privilegios

Las congresistas de la bancada femenina del Pacto Histórico en Colombia fijaron su posición frente a los señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro, relacionados con presuntas conductas de naturaleza sexual e irregularidades en la contratación pública, conocidos como “sexocontratos”.

En un comunicado dirigido a la opinión pública y divulgado el viernes 6 de noviembre, las legisladoras afirmaron que ninguna denuncia debe ignorarse o minimizarse por razones de afinidad política. También pidieron escuchar a las mujeres denunciantes sin descalificaciones ni cuestionamientos sobre su vida privada.

El pronunciamiento busca mantener la congruencia con los principios feministas y democráticos que, según señalaron, han defendido durante su trayectoria política.

¿Qué garantías solicitaron para las mujeres denunciantes?

Las congresistas solicitaron a la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección evaluar las condiciones de seguridad de las mujeres que presentaron señalamientos y brindarles acompañamiento para acudir ante las autoridades.

También pidieron que las investigaciones consideren posibles situaciones de asimetría de poder o subordinación entre las partes, con el propósito de garantizar que las denunciantes puedan presentar sus versiones mediante los canales institucionales.

La bancada respaldó su postura en disposiciones como los artículos 13 y 43 de la Constitución colombiana, así como en leyes relacionadas con la igualdad, la prevención de la discriminación y la atención de la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, las legisladoras también recordaron que Gustavo Petro tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Señalaron que el material difundido públicamente todavía no ha sido sometido a peritaje ni valorado por una autoridad judicial.

Por ello, consideraron que las instancias correspondientes deben actuar con independencia y transparencia. Entre las instituciones mencionadas se encuentran la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusación, la Fiscalía y la Procuraduría.

Piden revisar contratos y evitar el uso político del caso

Respecto a las presuntas irregularidades en la contratación estatal, las congresistas solicitaron una revisión técnica y objetiva de los contratos señalados. Insistieron en que las posibles responsabilidades relacionadas con la gestión pública deben analizarse por separado de los asuntos personales.

Además, rechazaron que el feminismo se utilice para justificar o minimizar conductas por lealtades partidistas. En su comunicado expresaron: “Nuestra defensa de los derechos de las mujeres no está condicionada por quién sea señalado, por el cargo que ocupe o por el proyecto político al que pertenezca”.

Las legisladoras también pidieron evitar que el caso se instrumentalice con fines políticos y que la controversia desplace otros temas de la agenda nacional colombiana, como la reforma tributaria y los debates sobre derechos sexuales y reproductivos.

Finalmente, aseguraron que continuarán impulsando investigaciones y activando mecanismos institucionales para prevenir y atender las violencias basadas en género, tanto dentro como fuera de las organizaciones políticas.