¿Qué postura adoptará el Ejecutivo frente al próximo aumento salarial?

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anticipó que defenderá una política de ajuste salarial moderada para la negociación del salario mínimo de 2027, prevista para diciembre de 2026. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, cuestionó el incremento del 23,7% aplicado para 2026 bajo la administración anterior —el cual fijó el salario básico en $1.750.905— calificado por el funcionario como un factor que impulsó el consumo privado, la inflación y el déficit comercial. La nueva directriz busca alinear el ajuste estrictamente con la inflación real y la productividad laboral.

¿Cuáles son los indicadores económicos clave para la mesa de concertación?

La negociación tomará como referencia técnica la cifra de inflación anual del 6,24% registrada a agosto de 2026 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), así como los índices de productividad. El Ejecutivo busca evitar presiones adicionales sobre los precios, considerando que diversos sectores superan el promedio nacional de encarecimiento. Las principales variaciones de gasto reportadas son:

  • Restaurantes y hoteles: 9,36%.

  • Salud y educación: 8,30% y 7,45%, respectivamente.

  • Bebidas alcohólicas y tabaco: 6,94%.

  • Artículos para el hogar: 6,67%.

¿Qué escenarios de incremento se contemplan para el salario mínimo de 2027?

Bajo la proyección oficial de sumar un punto por productividad a una inflación estimada del 7%, el ajuste «rozaría el 8%», coincidiendo con análisis de exfuncionarios como Mauricio Cárdenas. Las proyecciones sobre el salario básico actual ($1.750.905) plantean los siguientes escenarios:

  • Con 6% de aumento: el salario básico subiría a $1.855.959 (+$105.054).

  • Con 7% de aumento: el monto alcanzaría los $1.873.468 (+$122.563).

  • Con 8% de aumento: la asignación llegaría a $1.890.977 (+$140.072). Al sumar un auxilio de transporte ajustado a $269.023, el ingreso total rondaría los $2,16 millones.

Consiguientemente, las autoridades económicas y el Banco de la República evaluarán la evolución de la inflación de cierre de año, el mercado laboral y la productividad para definir el ajuste final junto a empresarios y centrales obreras.