¿En qué consiste la primera fase del plan de choque en salud activado por el Gobierno?

El Ministerio de Salud puso en marcha la primera fase de una estrategia extraordinaria y temporal orientada a resolver el represamiento de atenciones sanitarias en todo el territorio nacional. La medida busca dar respuesta efectiva a 1.069.196 usuarios identificados con medicamentos pendientes (más de 700.000 casos) y procedimientos quirúrgicos o médicos no realizados (más de 300.000 casos), tras detectarse que el 92% de los reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud corresponden a barreras de acceso.

El plan de intervención se desplegará entre septiembre y diciembre de 2026 mediante un cruce integral de datos con las EPS, pacientes y sociedades científicas, priorizando patologías de alto riesgo como cáncer, VIH, enfermedades huérfanas, trasplantes y condiciones crónicas con riesgo de descompensación.

¿Cuáles son las etapas operativas y los mecanismos de financiamiento del plan?

La estrategia gubernamental contempla una ruta de atención individualizada y un esquema de flujo de recursos diseñado para garantizar la liquidez del sistema de salud:

  • Ruta de seguimiento individual: Identificación del usuario y de la tecnología sanitaria requerida para asignar la responsabilidad a la entidad promotora. El caso no se cerrará administrativamente hasta verificar la entrega efectiva del fármaco o la realización del procedimiento.

  • Compra de cartera extraordinaria: Implementación de un mecanismo financiero con tasa de interés del 0% y un año de gracia para las EPS de ambos regímenes, destinado exclusivamente a pagar la facturación de los servicios represados y dar liquidez a la red prestadora de servicios.

  • Mesa Técnica de Control: Monitoreo conjunto entre el Ministerio de Salud, la Adres y la Superintendencia Nacional de Salud para auditar la destinación de los fondos y evitar dobles pagos por atenciones prestadas previo al inicio del programa.

En consecuencia, el Ejecutivo mantendrá mesas regionales de seguimiento mientras reitera que la obligación legal de continuidad e integralidad del servicio permanece en cabeza de las aseguradoras.