Sandra Osorio
El Consejo de Estado admitió una demanda que cuestiona la situación política de Aida Quilcué, actual representante a la Cámara por el Pacto Histórico, debido a una presunta doble militancia durante el proceso electoral.
La acción fue presentada por el veedor Juan Carlos Calderón España ante la Sección Quinta del alto tribunal, que decidió darle trámite al proceso después de verificar que cumplía con los requisitos legales.
¿Por qué cuestionan a Aida Quilcué?
El demandante sostiene que Quilcué habría incurrido en una posible doble militancia al mantener su vínculo con el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) mientras participaba en la campaña presidencial de Iván Cepeda como fórmula vicepresidencial.
Según los argumentos expuestos en la demanda, Quilcué había sido elegida senadora para el periodo 2022-2026 por la circunscripción especial indígena con el aval del Mais.
La acción cuestiona que la dirigente indígena hubiera participado en la campaña del entonces candidato presidencial sin formalizar, según el demandante, su desvinculación del movimiento político ni de su curul en el Senado.
Consejo de Estado negó la suspensión provisional
Aunque la demanda fue admitida, el Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional relacionada con el caso.
El tribunal argumentó que, en esta etapa del proceso, no existían pruebas certificadas suficientes que permitieran establecer la condición de senadora de Quilcué durante el periodo señalado en la demanda.
Por ahora, esto significa que el proceso continuará y que la admisión de la demanda no representa una decisión definitiva sobre la legalidad de la candidatura.
La discusión sobre la doble militancia
El demandante considera que la actuación de Quilcué podría configurar una doble militancia por su pertenencia política y por el respaldo a una candidatura presidencial diferente a la respaldada por el Mais.
La Sección Quinta deberá analizar los argumentos y las pruebas presentadas dentro del proceso antes de determinar si existió alguna infracción a las normas electorales.
El caso vuelve a poner en el centro de la discusión las reglas sobre doble militancia, avales partidistas y participación de dirigentes políticos en campañas electorales.
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Nelly Velazquez
