Los congresistas anunciaron un proyecto para retirar el gravamen a los ultraprocesados y bebidas azucaradas, al considerar que elevó los costos para los pequeños comerciantes sin demostrar, según ellos, un cambio significativo en los hábitos de consumo

El impuesto saludable aplicado en Colombia a determinados alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas volvió al centro del debate político. Los representantes Daniel Briceño y Carol Borda anunciaron que impulsarán un proyecto de ley para eliminar este gravamen, al considerar que la medida terminó afectando principalmente a los pequeños comerciantes y a los consumidores.

El tributo fue creado durante la reforma tributaria aprobada en 2022 bajo el gobierno de Gustavo Petro y comenzó a aplicarse en noviembre de 2023. Su propósito oficial no fue únicamente aumentar el recaudo del Estado, sino también desestimular el consumo de productos asociados con problemas de salud como la obesidad y otras enfermedades crónicas.

Sin embargo, los congresistas que promueven su eliminación sostienen que, después de varios años de aplicación, los resultados no corresponden con las expectativas planteadas cuando fue aprobado.

Briceño, representante a la Cámara por Bogotá, cuestionó públicamente la efectividad del impuesto y aseguró que el gravamen terminó trasladándose al precio final de numerosos productos que hacen parte del consumo cotidiano de los colombianos.

Entre los productos afectados se encuentran cereales, galletas, embutidos, leche en polvo y otros alimentos considerados ultraprocesados.

Briceño cuestionó el propósito del impuesto

El congresista del Centro Democrático sostuvo que la justificación relacionada con la salud pública no es suficiente para mantener un impuesto que, desde su perspectiva, incrementó los costos para las familias y los pequeños negocios.

En sus declaraciones, Briceño cuestionó la idea de que aumentar el precio de determinados productos necesariamente lleve a los consumidores a modificar sus hábitos alimenticios.

“Yo no creo que, subiéndole impuestos a la gente, la gente se vaya a comenzar a cuidar más”, afirmó.

El representante también lanzó una fuerte crítica contra el manejo que, según él, se le dio al tributo durante el gobierno de Petro. Su cuestionamiento apunta a que el Estado terminó recibiendo importantes recursos mientras los comerciantes tuvieron que enfrentar mayores costos y una posible reducción en sus ventas.

El planteamiento de Briceño se convirtió en uno de los principales argumentos para respaldar la iniciativa que pretende retirar el denominado impuesto saludable.

Carol Borda alertó por el impacto en las tiendas de barrio

Carol Borda, integrante del Movimiento Salvación Nacional, centró su crítica en las consecuencias económicas que el impuesto habría generado entre los pequeños establecimientos comerciales.

De acuerdo con las cifras mencionadas por la congresista, el gravamen habría afectado al 67% de los establecimientos consultados.

Borda también advirtió sobre el riesgo de cierre de numerosos negocios que dependen de la comercialización de estos productos para mantener sus ingresos.

“Existe un riesgo de que el 25% de estos establecimientos se cierren”, señaló.

La preocupación adquiere especial relevancia debido al peso que tienen las tiendas de barrio dentro de la economía colombiana. Estos establecimientos funcionan como una fuente de ingresos para numerosas familias y, además, representan uno de los principales canales de distribución de alimentos y productos de consumo masivo.

Desde la perspectiva de los congresistas, incrementar la carga tributaria sobre determinados productos termina teniendo un efecto directo sobre estos comerciantes, quienes deben decidir entre asumir parte del costo, reducir sus márgenes de ganancia o trasladarlo al consumidor.

¿Cuánto dinero ha recaudado el impuesto saludable?

El debate también está relacionado con los importantes recursos que el Gobierno colombiano ha obtenido mediante este gravamen.

Según las cifras expuestas en el debate, durante 2024 el impuesto habría generado cerca de 2,88 billones de pesos.

De ese monto, aproximadamente 2,39 billones de pesos correspondieron a los alimentos ultraprocesados, mientras que las bebidas azucaradas aportaron cerca de 489.000 millones de pesos.

Para 2026, el recaudo acumulado mencionado en la discusión alcanza aproximadamente 1,9 billones de pesos.

Estas cifras son utilizadas por los críticos del impuesto para señalar que el gravamen se convirtió en una fuente relevante de ingresos para las arcas públicas.

No obstante, el objetivo de la medida no era exclusivamente fiscal.

La legislación estableció el impuesto como una herramienta para desincentivar el consumo de productos considerados perjudiciales para la salud y, al mismo tiempo, contribuir al financiamiento del sistema de salud.

Por esa razón, la discusión actual no se limita a determinar cuánto dinero ha recaudado, sino a establecer si el costo económico que representa para consumidores y comerciantes se justifica por los posibles beneficios sanitarios.

El impuesto comenzó a aplicarse en noviembre de 2023

El denominado impuesto saludable fue establecido mediante la reforma tributaria de 2022 y comenzó a aplicarse de manera efectiva el 1 de noviembre de 2023.

La norma contempló una implementación gradual de las tarifas, con el objetivo de que el impacto sobre productores, comerciantes y consumidores no ocurriera de manera inmediata.

El gravamen se aplica principalmente a determinados productos ultraprocesados y bebidas con altos contenidos de azúcares añadidos.

La lógica detrás de la medida consiste en utilizar el precio como una herramienta para modificar los patrones de consumo. En términos sencillos, si un producto considerado perjudicial para la salud aumenta de precio, el consumidor tendría un incentivo económico para comprarlo con menor frecuencia o sustituirlo por otra alternativa.

Sin embargo, los congresistas que ahora quieren eliminarlo consideran que esa estrategia no ha demostrado ser suficiente.

Los pequeños comerciantes quedaron en el centro de la discusión

Uno de los principales puntos de la propuesta de Briceño y Borda es el impacto que el impuesto tiene sobre las tiendas de barrio.

Los comerciantes de estos establecimientos no necesariamente son quienes producen los alimentos gravados, pero sí forman parte de la cadena comercial y pueden terminar absorbiendo parte del incremento de costos.

Cuando un producto aumenta de precio, el tendero tiene diferentes alternativas: trasladar el aumento al consumidor, reducir su margen de ganancia o disminuir la cantidad de productos que mantiene disponibles.

Cualquiera de esas opciones puede representar dificultades para negocios que trabajan con márgenes reducidos.

Según los datos citados por los congresistas, el 66,8% de los tenderos encuestados por Fenalco en 2025 reportó haber sufrido un impacto en sus ventas.

Además, cerca del 30% habría considerado la posibilidad de cerrar su negocio durante 2024.

Estos datos son utilizados por los promotores del proyecto como argumento para señalar que el impuesto no solamente tiene consecuencias sobre quienes consumen los productos gravados, sino también sobre quienes dependen económicamente de su comercialización.

Fenaltiendas ya había advertido sobre posibles pérdidas

Las preocupaciones de los congresistas también coinciden con advertencias realizadas previamente por organizaciones del sector comercial.

Fenaltiendas había proyectado antes de la entrada en vigor del impuesto que los establecimientos podrían enfrentar una reducción de sus ingresos anuales.

Una de las estimaciones mencionadas planteaba una disminución mínima del 8% en los ingresos de las tiendas, además del riesgo de que uno de cada cuatro negocios pudiera desaparecer en el mediano plazo.

Para Briceño y Borda, estas cifras evidencian que la política tributaria terminó generando un costo considerable para un sector conformado principalmente por pequeños empresarios y familias.

La discusión, por tanto, se ha trasladado de los grandes productores de alimentos a los negocios que diariamente venden estos productos en los barrios.

¿Qué pretende el proyecto de Briceño y Borda?

La iniciativa anunciada por los dos representantes busca eliminar el impuesto saludable establecido durante la administración de Gustavo Petro.

El proyecto tendría que ser presentado formalmente y posteriormente iniciar su recorrido por el Congreso de la República, donde deberá superar diferentes etapas antes de convertirse en ley.

La propuesta seguramente generará un debate entre quienes consideran que los impuestos a los productos ultraprocesados son una herramienta necesaria para enfrentar problemas de salud pública y quienes sostienen que el Estado no debería utilizar este mecanismo para modificar las decisiones de consumo.

Para sus promotores, la eliminación permitiría reducir la presión económica sobre los pequeños comerciantes y evitar que el aumento de precios siga trasladándose a los consumidores.

Un debate que enfrenta salud pública y costo de vida

El futuro del impuesto saludable plantea una discusión más amplia sobre la manera en que Colombia debe enfrentar los problemas relacionados con la alimentación.

Por un lado, sus defensores consideran que gravar productos con altos niveles de azúcar, sodio, grasas y otros componentes puede ayudar a reducir su consumo y generar recursos destinados a la salud.

Por otro, sus críticos consideran que el mecanismo funciona principalmente como una carga económica que termina afectando a las familias de menores ingresos y a los pequeños establecimientos comerciales.

La propuesta de Daniel Briceño y Carol Borda busca llevar esa discusión nuevamente al Congreso.

Mientras los congresistas cuestionan el impacto económico del impuesto y reclaman su eliminación, el debate continuará alrededor de una pregunta fundamental: ¿el impuesto saludable realmente está cambiando los hábitos de los colombianos o se convirtió principalmente en una nueva fuente de recaudo para el Estado?