Sandra Osorio
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aclaró el alcance de la orden impartida por el presidente Abelardo de la Espriella para intensificar los operativos contra extranjeros en situación irregular y aquellos vinculados con actividades delictivas.
Lara aseguró que la medida no está dirigida contra los venezolanos que llegaron a Colombia durante los años más críticos de la crisis migratoria y fueron regularizados.
Gobierno distingue entre migrantes regularizados y redes criminales
La declaración surgió después de que el presidente ordenara a Migración Colombia y a la Policía Nacional reforzar los controles para identificar y deportar a extranjeros involucrados en delitos o que incumplan las normas migratorias.
Durante un consejo de seguridad, De la Espriella afirmó que su gobierno no aceptaría la migración ilegal y que su prioridad serían los ciudadanos colombianos.
Sin embargo, el ministro del Interior explicó que la directriz no contempla la expulsión generalizada de ciudadanos venezolanos que cuentan con un estatus migratorio regular.
“El presidente no se refiere a los hermanos venezolanos que llegaron en lo más duro de la crisis”, sostuvo Lara.
Según el ministro, entre 2019 y 2021 ingresaron cerca de dos millones de venezolanos a Colombia y la mayoría obtuvo algún mecanismo de regularización.
La medida apunta a redes de tráfico de personas
Lara también relacionó la política migratoria con la lucha contra la trata y el tráfico de personas.
El funcionario señaló al corredor del Darién como uno de los principales puntos utilizados por organizaciones criminales para obtener ganancias mediante el traslado irregular de migrantes hacia Centroamérica y posteriormente Estados Unidos.
El ministro advirtió que Colombia no debe convertirse en un territorio utilizado como punto de paso por estas redes y sostuvo que el Gobierno buscará combatir a las estructuras que se benefician económicamente de la migración irregular.
De esta manera, el Gobierno busca diferenciar entre los migrantes venezolanos que fueron regularizados y las personas que ingresan irregularmente al país o participan en actividades delictivas, quienes sí podrían enfrentar procedimientos administrativos y medidas de deportación.
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Nelly Velazquez
