Abelardo de la Espriella declaró insubsistentes a otros cinco funcionarios de Gustavo Petro que se habían negado a renunciar
¿Por qué aplicaron la insubsistencia legal?
El Gobierno Nacional ordenó el retiro inmediato de cinco altos funcionarios nombrados durante la administración saliente que declinaron dimitir voluntariamente. La Casa de Nariño utilizó la figura jurídica de declaración de insubsistencia para dar por terminados de forma unilateral los vínculos laborales en puestos de libre nombramiento y remoción. Esta medida drástica forma parte del amplio proceso de reestructuración institucional impulsado por la nueva gestión ejecutiva.
De esta manera, la administración central aceleró la reorganización de las dependencias estatales. Las autoridades justificaron legalmente estas acciones en la imperiosa necesidad de garantizar la transparencia administrativa, resolver serias irregularidades heredadas del periodo anterior y consolidar un equipo operativo completamente alineado con las directrices del nuevo mandato constitucional.
¿Quiénes integran la lista de los servidores removidos?
Entre las desvinculaciones más destacadas figura la de Milver Rojas, exdirector del Fondo Nacional de Estupefacientes, ampliamente cuestionado por inejecución presupuestal y fallas en la adquisición de medicamentos. Asimismo, la medida alcanzó a Wilmar Mejía, anterior titular de la Unidad de Información y Análisis Financiero, quien afronta investigaciones por supuestos nexos irregulares con grupos armados al margen de la ley.
Por otra parte, el proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad derivó en la remoción directa de dos viceministros, Tamara Ospina y Pablo Zabala, ante su constante negativa a dimitir. Adicionalmente, el Ejecutivo cesó definitivamente de sus funciones administrativas a Letty Leal, responsable interina del Fondo de Programas Especiales para la Paz en la Presidencia.
Auditorías continuadas en la administración pública estatal
En consecuencia, la salida de estos directivos abre paso a revisiones contables exhaustivas dentro de las dependencias afectadas. El equipo legal del gobierno central monitorea minuciosamente cada empalme operativo para detectar posibles irregularidades en la gestión pública.
Finalmente, el Poder Ejecutivo ratificó que continuará aplicando los ajustes institucionales necesarios en los ministerios y agencias del país. La estrategia gubernamental busca optimizar la eficiencia operativa y consolidar la renovación burocrática dentro del aparato estatal durante las próximas semanas de trabajo.
